La negociación del beneficio. Enfoque financiero

#49

El Flujo de Caja Libre como parámetro para la negociación del beneficio

En el análisis financiero la creación de valor de una empresa se mide a través de los flujos de caja, es decir se crea valor si entra más dinero del que sale. Por ello, en los flujos de caja, que no son más que la corriente de los cobros y los pagos de una empresa, podemos distinguir tres tipos:

1. El flujo de caja libre, que es el producido por las operaciones de la empresa, es decir su actividad normal y operaciones de inversión/desinversión de activos fijos productivos.
2. El flujo de caja del capital, que es el anterior al que se le añade el ahorro impositivo de los intereses de la deuda.
3. El flujo de caja después de las operaciones de financiación externa (cobro y devolución de préstamos), que es el flujo de caja para el accionista.

(1) El Flujo de Caja Libre (FCL) se obtiene de las siguientes operaciones aritméticas:

Se parte del beneficio neto –aunque también puede hacerse ajustando el resultado desde el beneficio antes de impuestos– de la cuenta de resultados y se ajusta con los intereses de la deuda, porque el FCL no tiene en cuenta las operaciones de financiación ni su coste, es decir:

Beneficio
- intereses

En segundo lugar, se ajustan las amortizaciones y provisiones, que son gastos contables pero que no producen movimientos de fondos.

Beneficio
- intereses

+ amortizaciones y provisiones

A continuación, se ajustan todas las variaciones de activos y pasivos circulantes de la actividad y operaciones, es decir sus aumentos y disminuciones

Beneficio
- intereses
+ amortizaciones y provisiones

+/- ajustes de activos y pasivos circulantes

Por último, se ajustan las operaciones de inversión/desinversión del inmovilizado

Beneficio
- intereses
+ amortizaciones y provisiones
+/- ajustes de activo y pasivo circulante

- Inversiones (pagos) en nuevo inmovilizado
+ cobros en efectivo por venta de inmovilizado

El resultado de las operaciones anteriores es el Flujo de Caja Libre que permite obtener la valoración de la empresa cuando los flujos de caja futuros (previstos) se descuentan con un índice de actualización, normalmente al coste medio ponderado de capital, es decir el promedio del coste de los fondos propios y de la deuda. Si el resultado de la operación de descuento financiero es positivo, el valor de la empresa habrá aumentado y el accionista puede sentirse, en principio, satisfecho.

(2) El Flujo de Caja del Capital

Este flujo de caja es parecido al anterior, la diferencia, en este caso, es que se incluye el ahorro fiscal de los intereses de la deuda, es decir el gasto financiero para la empresa produce un menor beneficio antes de impuestos, y como dicha base es menor que si la empresa no tuviera deuda, se está produciendo un ahorro fiscal al pagar menos cuota del Impuesto de Sociedades que si se hubiera financiado sólo con recursos propios.

Se calcula de la siguiente manera:

FCL + intereses*(1-t)

Siendo t el tipo de gravamen en el Impuesto de Sociedades

(3) El Flujo de Caja para el accionista

Es el dinero producido por la empresa para el accionista. Por tanto, es el dinero producido antes del pago de dividendos y de las operaciones de ampliación y reducción de capital, pero después de la petición de deuda para financiarse, pago de intereses de la deuda y amortización de ésta.

Se obtiene de la siguiente manera:

Flujo de Caja Libre (que puede ser positivo o negativo)
+ intereses*(1-t)
- devolución de deuda
+cobro de nueva deuda

El resultado obtenido es el que debe regir para la política de dividendos de la empresa, que es la retribución del accionista por su inversión en la empresa o lo que espera aquél como rentabilidad.

Por tanto, la empresa estará preocupada por dos parámetros:

El primero, obtener un FCL positivo, que es el que crea valor para la empresa; y el segundo, conseguir, también, un flujo de caja para el accionista que permita retribuirle en la medida que él espera, sin descuidar el monto de deuda que tiene que devolver en el periodo.

Sólo los contratistas que hayan acreditado su solvencia y capacidad económica y financiera, además de la técnica y no tener prohibido contratar con las Administraciones Públicas, podrán acceder a la fase de licitación del contrato. El modo en que debería acreditarse y evaluarse la solvencia y capacidad económica y financiera puede verse en las entradas #40 y #41. Es precisamente la demostración de la capacidad del contratista para obtener flujos de caja libre positivos durante el periodo de ejecución del contrato, si los órganos de contratación se decantan por este enfoque, lo que les permitiría conseguir la acreditación de solvencia y capacidad económica y financiera.

En estas condiciones, cuando un contratista ha demostrado que es capaz de generar flujos de caja libre positivos con todas las operaciones de su empresa, también estará interesado porque las operaciones específicas de la ejecución del contrato que vaya a realizar también contribuyan a la creación de valor de su empresa, que sumen valor y no que lo resten. En consecuencia, en contratos en los que el precio definitivo se determina por el coste incurrido admisible y el beneficio, éste debe establecerse en un nivel que contribuya, al menos, a mantener el valor de la empresa del contratista, es decir que le permita conseguir el flujo de caja libre positivo en el periodo de ejecución del contrato y demostró que era capaz de obtener cuando acudió para obtener su acreditación de solvencia económica y financiera en la licitación.

En los contratos en los que el precio se determina por el coste incurrido admisible, todos los gastos del contratista, incluido los financieros por la utilización de recursos ajenos, forman parte de su cuenta de resultados. Por ello, ya están descontados en el beneficio neto de su cuenta de resultados, que es el parámetro de partida para el cálculo del flujo de caja libre. Otros factores a tener en cuenta es la inversión del contratista en el capital circulante, es decir la diferencia entre el activo circulante (clientes + cuentas a cobrar + existencias en almacén) menos el pasivo circulante (proveedores + otras cuentas a pagar). En este caso, las certificaciones y facturas pendientes de pago de la Administración contratante forman parte de la inversión del contratista en su activo circulante^[1], haciendo disminuir la posibilidad de obtener flujos de caja libre positivos. También tienen incidencia en el flujo de caja libre cómo sea la gestión del contratista en sus operaciones productivas, si acumula muchas existencias de materias primas o productos semiterminados y terminados y su gestión con sus proveedores. Asimismo, también influyen en el FCL las inversiones y, en su caso, las desinversiones en capital fijo (maquinaria e instalaciones) que tenga que acometer el contratista para la adecuada ejecución del contrato, porque de ellas se derivan los pagos que deba realizar por las compras de inmovilizado y los cobros que obtenga de las ventas.

El modo en que la Administración contratante realice el pago a tiempo de las certificaciones y facturas al contratista, cómo sea de eficiente éste en sus operaciones de producción y actividad, y las condiciones específicas del contrato que exijan al contratista la realización de nuevas inversiones en activos fijos o el acopio de materiales y operaciones preparatorias, condicionarán el nivel del beneficio del contrato. Por tanto, el beneficio del contratista no debería determinarse de manera estructurada aplicando un porcentaje fijo sobre el coste incurrido, ni se debe obtenerse por analogía con otras empresas del sector, ni por una inferencia o proyección de beneficios obtenidos en pasado.

Los aspectos que el órgano de contratación habrá de tener en cuenta, en la negociación del beneficio con el contratista seleccionado, deberán pivotar sobre los factores que impactan en la obtención de su flujo de caja libre y que ha demostrado ser capaz de obtener mediante los estados financieros proyectados, que abarcan el periodo de ejecución del contrato, cuando aspiró a la acreditación de la solvencia y capacidad económica y financiera, y que obtuvo. Entonces, la negociación del beneficio versará sobre el nivel del FCL que aporta el contrato adjudicado y cómo contribuye al mantenimiento del FCL general de la empresa, una vez pagado todos los costes incurridos admisibles. En consecuencia, el beneficio no podrá determinarse hasta que no haya concluido la ejecución el contrato, se haya establecido por la auditoría correspondiente los costes incurridos admisibles definitivos y éstos hayan sido pagados. Y sólo entonces, cuando tenidos en cuenta todos los factores que inciden en la obtención del flujo de caja libre positivo negociado, se podrá determinar el beneficio del contratista y, fruto de ello, el precio final del contrato.

Evaluación y negociación del beneficio

Después de la evaluación de la solvencia y capacidad económica y financiera del contratista, su propuesta de costes y la negociación de los objetivos de coste, el órgano de contratación tiene la responsabilidad de utilizar el parámetro del flujo de caja libre para la negociación del nivel que debe proporcionar al contratista, a través del contrato, para determinar el beneficio en el precio final.

El auditor de contratos tiene la responsabilidad de apoyar al órgano de contratación, a través de la mesa de contratación, para la evaluación de la solvencia y la capacidad económica y financiera del contratista, la razonabilidad de los flujos de caja libre que ha previsto durante la ejecución del contrato y en qué medida en contrato contribuirá a la obtención de tales flujos y valor para su empresa. Además, que los datos sobre los costes admisibles de la oferta están apropiadamente soportados y preparar su informe.

Al evaluar la oferta, el auditor de contratos examinará los libros y registros que el contratista acompaña, lo que permitirá realizar comentarios pertinentes sobre los principales factores que determinan el beneficio del contratista. Dichos comentarios también deben incluirse en el informe de auditoría de la oferta del contratista. Los comentarios del auditor ayudan y facilitan al órgano de contratación poder establecer un de objetivo de beneficio para el contrato y tomar una posición en las negociaciones con el contratista. Siempre que sea posible se utilizarán métodos ponderados (ver entrada #48 para establecer el objetivo de beneficio. Sin embargo, cuando no se utilicen dichos métodos ponderados, también el auditor de contratos aportará comentarios similares al órgano de contratación. Por último, el beneficio del contratista no está ni debe cubrir los costes eventualmente cuestionados por inadmisibles.

Factores de ponderación del beneficio

Riesgo de ejecución del contrato para el contratista

Este es un factor de riesgo que se debe ponderar, a la hora de aconsejar la posición y objetivo de beneficio del órgano de contratación, y surge como consecuencia de la exigencia y el cumplimiento por el contratista de los requisitos contractuales. Este riesgo se produce a través de la consideración de dos amplias categorías de circunstancias:

• (A) las incertidumbres técnicas de la ejecución del contrato; y,
• (B) el control y gestión de los costes, así como el grado de esfuerzo del contratista para controlar los costes del contrato.

El auditor debe apoyar al órgano de contratación con sus comentarios, para que éste pueda establecer un objetivo de beneficio ponderado en un nivel apropiado, más alto o más bajo en función del impacto que tengan dichas circunstancias en la obtención de flujos de caja libre positivos por el contratista. A continuación se detallan los factores y circunstancias a tener en cuenta para apoyar al órgano de contratación en su decisión de establecer su posición y objetivo de beneficio con respecto a lo que se considera un «beneficio normal». A este respecto, se considera «beneficio normal» el que produciría la obtención de flujos de caja libre positivos equivalentes a los obtenidos por la media de las empresas del mismo sector y tamaño.

1. Criterios de evaluación de técnica.
   • (A) El auditor de contratos debe conocer los propios requisitos del contrato, y solicitar el apoyo de personal técnico del órgano de contratación que le ayuden a comprender la complejidad técnica para percibir el porqué de su impacto en los flujos de caja libre, concentrándose en los elementos críticos de ejecución del contrato y las especificaciones técnicas. Los factores a considerar incluyen:

     (i) la tecnología que se aplica o se desarrolla por el contratista. Si es propia o tiene que adquirirla y/o, en su caso, tiene que crearla;

     (ii) la complejidad técnica del servicio, de la obra o del elemento que se fabrica;

     (iii) la madurez del programa, o el grado de avance de la obra;

     (iv) las especificaciones de rendimiento y tolerancias;

     (v) el plazo de entrega , y

     (vi) la extensión de una garantía o aval suplementario.

   
   
   • (B) Si existen condiciones extraordinarias superiores a las normales.

     (i) El auditor de contratos recomendará un mayor beneficio en aquellos casos en los que exista un riesgo técnico sustancial. Los indicadores son:

     1. Artículos u obras que están siendo fabricados con especificaciones de estrictos límites de tolerancia;
     2. Los trabajos que requieren de personal altamente cualificado o requieren el uso de maquinaria de última generación;
     3. Los servicios y los trabajos analíticos son muy importantes para la Administración y se deben realizar para cumplir los estándares estrictos;
     4. Los trabajos e inversiones realizadas por el contratista de manera independiente han reducido el riesgo y el coste para la Administración;
     5. El contratista ha aceptado un plan de entrega acelerada para cumplir los requisitos de la Administración, o
     6. El contratista ha asumido un riesgo adicional a través de la constitución de garantías especiales.

     (ii) Cuando el contratista deba realizar esfuerzos extremadamente complejos, vitales para superar los obstáculos técnicos difíciles que requieren personal con habilidades excepcionales, la experiencia y las credenciales profesionales pueden justificar un valor significativamente superior a lo normal en el beneficio.

     (iii) Además, se puede justificar un valor máximo del beneficio para el contratista, porque tendrán un mayor impacto negativo en la obtención de flujos de caja libres positivos por las operaciones del contratista, lo siguiente:

     1. El desarrollo o la producción inicial de un prototipo o una nueva investigación, en particular si las especificaciones de rendimiento o de calidad son muy ajustadas y exigentes, o
     2. Hay un alto grado de desarrollo o competitividad en el sector, que producen ingresos inferiores a los habituales.

   
   
   • (C) Si existen condiciones inferiores a las normales.
     (i) El auditor de contratos aconsejará al órgano de contratación un beneficio inferior en los casos en los que el riesgo técnico sea bajo. Los indicadores son:

     1. Los requisitos y especificaciones técnicas son relativamente simples;
     2. La tecnología no es compleja;
     3. Los trabajos no requieren personal altamente calificado;
     4. Los trabajos son de rutina;
     5. Los programas están maduros, o
     6. Los trabajos son de de seguimiento o de tipo repetitivo.
     (ii) El auditor de contratos aconsejará al órgano de contratación una posición y objetivo de beneficio inferior a lo normal al cuando el objeto del contrato se refiera a elementos de ciclo corto de producción y de alto volumen de unidades producidas, es decir:

     1. Los servicios rutinarios y repetitivos;
     2. Producción de elementos simples, u;
     3. Operaciones elementales de prestación del servicio
   
   
   • (D) Incentivos a la innovación tecnológica.
     (i) El órgano de contratación podrá asignar valores superiores de beneficio dentro de la gama de incentivos cuando la ejecución del contrato comprende la introducción de nuevas y significativas innovaciones tecnológicas. El auditor de contratos, apoyado por el personal técnico de la Administración, aconsejará un nivel de beneficio superior al normal para el desarrollo de aquellos esfuerzos del contrato más innovadores. La innovación puede ser en forma de:

     1. El desarrollo o la aplicación de una nueva tecnología que cambia fundamentalmente las características de un producto o sistema existente y que se traduce en un mayor rendimiento técnico, la mejora de la fiabilidad, o la reducción de costes, o
     2. Los nuevos productos o sistemas que contienen importantes avances tecnológicos con respecto a los productos o sistemas que están reemplazando.
     (ii) Para ayudar al órgano de contratación a seleccionar una posición de nivel de beneficio dentro del rango de incentivos a la tecnología, el auditor de contratos le comentará las consideraciones acerca del valor relativo de la innovación propuesta en el conjunto del contrato. Cuando la innovación representa un beneficio menor, el órgano de contratación debe considerar la utilización de niveles de beneficio inferiores al normal. Sin embargo, para esfuerzos realmente innovadores que tengan un impacto positivo en el producto o programa, el órgano de contratación podrá utilizar posiciones de nivel de beneficio por encima del normal.


2. Criterios de evaluación económica de control de gestión / costes.
   • (A) El auditor de contratos debe evaluar y comentar al órgano de contratación, cómo es:

     (i) La fiabilidad de los sistemas de control interno del contratista y de los datos financieros y de costes que producen sus sistemas de gestión;

     (ii) La eficacia de la estructura de control interno del contratista;

     (iii) La composición de los costes, como una indicación de los tipos de recursos aplicados y el valor agregado por el contratista;

     (iv) El apoyo del contratista a los programas de políticas socioeconómicas del Gobierno de la Nación, como son las contrataciones de trabajadores con discapacidades y parados de larga duración, compromiso efectivo con la protección del medio ambiente, y otros similares;

     (v) La fiabilidad del sistema de estimaciones de costes y presupuestación;

     (vi) La eficacia del control de costes y el cumplimiento del calendario de ejecución del contrato, y

     (vii) Cualesquiera otros factores que influyen en la capacidad del contratista para cumplir con los objetivos de costes (por ejemplo , tipos de cambio de moneda extranjera y tasas de inflación).

   
   
   • (B) El auditor de contratos aconsejará al órgano de contratación un nivel de beneficio por encima del normal, cuando:

     (i) Deduzca un alto grado de esfuerzo de gestión . Indicadores de esto son:

     1. El valor añadido del contratista es a la vez considerable y difícil de conseguir;
     2. El esfuerzo implica un alto grado de integración o coordinación;
     3. El contratista tiene registrados unos buenos resultados anteriores;
     4. El contratista tiene un importante historial de la participación activa en los programas de políticas socioeconómicas gubernamentales;
     5. El contratista proporciona estimaciones de costes plenamente documentadas y fiables;
     6. El contratista toma decisiones responsables y apropiadas sobre hacer, por sus propios medios, o comprar, o
     7. El contratista tiene un historial probado de seguimiento y control de los costes.

     (ii) El órgano de contratación podrá justificar un beneficio muy superior al normal cuando el auditor de contratos le indique que:

     1. El contratista requiere la integración de procesos y controles a gran escala y de la naturaleza más compleja;
     2. El contratista incluye las principales actividades internacionales dentro de la coordinación de gestión significativa (por ejemplo, los pagos a proveedores extranjeros), o
     3. El contratista tiene hitos de importancia crítica.

   
   
   • (C) El auditor de contratos aconsejará al órgano de contratación un nivel de beneficio por debajo del normal, cuando:

     (i) Deduzca que los esfuerzos de gestión son mínimos. Los indicadores de éstos son:

     1. El programa está maduro y se han hecho ya muchas entregas de artículos finales;
     2. El contratista aporta un valor añadido mínimo para cada elemento, como es el caso, por ejemplo, de los contratistas de suministros que adquieren un producto terminado a un fabricante y se limitan a realizar su entrega y puesta en marcha;
     3. Los trabajos son rutinarios y requieren un mínimo de supervisión;
     4. El contratista proporciona mala calidad;
     5. El contratista no ofrece un adecuado análisis de los costes de los subcontratistas;
     6. El contratista no coopera en la evaluación y negociación de la oferta;
     7. El sistema de estimación de costes del contratista es considerado marginal en sus sistemas de gestión;
     8. El contratista ha hecho un esfuerzo mínimo para iniciar los programas de reducción de costes;
     9. La propuesta de costes del contratista es inadecuada;
     10. El contratista tiene un registro de los costos excesivos, u otra indicación de las estimaciones de costes poco confiables, y presenta una ausencia de control de los costes, o
     11. El contratista tiene un pobre historial de salud financiera, en términos de flujo de caja libre.

     (ii) Los siguientes factores pueden justificar que el órgano de contratación fije una posición de beneficio muy inferior a la normal:

     1. Cuando las auditoría de contratos, sobre sistemas y procedimientos, describen sistemas de control interno y de gestión insatisfactorios, y/o
     2. El contrato requiere un inusualmente bajo esfuerzo de gestión por parte del contratista.

Riesgo financiero del contrato para el contratista

El factor de riesgo financiero para el contratista pone su atención en la aceptación de éste al discurrir del contrato y el hecho de que queda fuera de su posibilidad de control y actuación, es decir de cómo afectan los riesgos financieros del contrato que están fuera de su alcance. El «ajuste de capital circulante» es una acción para casar el objetivo de beneficio al riesgo financiero del contrato. Este tratamiento sólo debe aplicarse en aquellos contratos en los que hay pagos parciales y de largo periodo de ejecución (más de un año). Su propósito es dar un reconocimiento general a la inversión en capital circulante que el contratista se ve obligado a efectuar debido a las distintas circunstancias contractuales de pago del contrato, políticas de financiamiento, y el entorno económico. Además, dicho ajuste debe ser ponderado en función de los datos de tipo financiero, históricos del contratista, la evolución de los costes, la duración del periodo de ejecución del contrato, los posibles subcontratos y los costes ya incurridos en el contrato.

En los contratos con pagos parciales, el auditor de contratos deberá calcular las necesidades de capital circulante del contratista y proponer al órgano de contratación que añada este factor de riesgo para establecer su posición y objetivo de nivel de beneficio. Sin embargo, el auditor de contratos debe tener en cuenta, a este respecto, la exactitud de los costes admisibles imputables al contrato y la precisión de la deducción por los pagos a cuenta hechos ya por la Administración. Hay que considerar que el ajuste de capital circulante se basa en el aumento del monto de la cuenta de clientes que el contratista debe financiar, ya sea con recursos propios o ajenos. Además, debe tenerse en cuenta si los costes financieros, de la parte del activo circulante financiada con recursos ajenos a corto plazo (pólizas de crédito), están o no incluidos, como admisibles, en la agrupación de costes Generales y de Administración (G&A), en cuyo caso, si es afirmativo, no formarán parte del ajuste puesto que se abonarán con los costes admisibles.

1. Criterios de evaluación económica y financiera.
   • (A) General. El auditor de contratos tendrá en cuenta, a la hora de asesorar al órgano de contratación, los factores de riesgo financiero que afectan al contrato, tales como:

     (i)La duración del contrato;

     (ii)La adecuación de los datos de costes y sus proyecciones;

     (iii)El entorno económico;

     (iv)La naturaleza y extensión de la actividad subcontratada;

     (v)La estructura de capital de las empresas del sector (proporción entre capitales propios y ajenos);

     (vi)Los límites de beneficio establecido por el órgano de contratación;

     (vii)Los riesgos asociados a las compras de materiales, componentes adquiridos en el extranjero, el modo en que se financian las compras y se cubre el riesgo del tipo de cambio, y

     (viii)Disposiciones del contrato relativas a los pagos parciales y certificaciones de obra, en particular:

     1. La frecuencia de los pagos,
     2. El importe total de los pagos en comparación con la cantidad máxima permisible de costes incurridos admisibles comprobados, y
     3. El riesgo de incumplimiento del calendario de pagos al contratista.

   
   
   • (B) Específico. El auditor de contratos evaluará en qué medida los costes incurridos han sido producidos durante el periodo de la ejecución del contrato. La evaluación deberá incluir cualquier riesgo del contratista, tanto en periodo de ejecución como la parte de tiempo restante, si la hubiere, hasta su terminación (por ejemplo, puesta en marcha). En cuanto a los costes realmente incurridos antes de iniciar el contrato contrato, el auditor debe considerar el riesgo financiero para recomendar un nivel superior o inferior al considerado normal en caso de operaciones preparatorias o acopios de materiales.
   
   
   • (C) El auditor de contratos podrá aconsejar al órgano de contratación un nivel de beneficio por encima de las condiciones normales, cuando hay considerable riesgo financiero para el contratista. Los indicadores son:

     (i) no hay antecedentes de costes de trabajos similares;

     (ii) los contratos son de largo plazo, no hay disposiciones contractuales que protejan al contratista (revisión de precios, por ejemplo), y existe una considerable incertidumbre económica;

     (iii) las disposiciones de incentivos (por ejemplo, incentivos del tipo coste y rendimiento) que suponen un alto grado de riesgo para el contratista;

     (iv) adquisiciones de bienes y materiales en el extranjero, fuera de la Unión Europea, en relación con todas las operaciones comerciales de importación y el tipo de cambio de divisas; o

     (v) un calendario de pagos agresivo que aumenta el riesgo.

   
   
   • (D) El auditor de contratos recomendará al órgano de contratación asignar un beneficio inferior al normal cuando el riesgo del contrato es bajo. Los indicadores para esto son:

     (i) la línea de productos muy maduro, con amplio historial de costes;

     (ii) los contratos relativamente a corto plazo (inferiores al año);

     (iii) existencia de disposiciones contractuales que reducen sustancialmente el riesgo del contratista (del tipo revisión de precios);

     (iv) las disposiciones de incentivos (coste/rendimiento) que otorgan un bajo grado de riesgo para el contratista;

     (v)adquisiciones de factores productivos y de bienes en territorio de la Unión Europea, o

     un calendario de pagos rutinario y periódico, en el que el riesgo es mínimo



2. Inversión en capital circulante debido al contrato.
   • (A) La inversión en capital circulante debida al contrato, es la parte del coste incurrido por el contratista que facturado y que todavía no sido pagado por la Administración, así como el valor de las existencias, productos en curso y terminados para los que no ha recibido ningún pago por adelantado de aquella. El auditor de contratos recomendará un beneficio superior al normal, cuando:

     (i) Existan retrasos en la obligación de pago de la Administración.

     (ii) No se hayan establecido pagos a cuenta y el contratista deba acometer la adquisición de materiales y realizar trabajos preparatorios antes de iniciar el contrato.

   
   
   • (B) La inversión en capital circulante debida al contrato deberá ser evaluada por el auditor de contratos y recomendará un beneficio inferior al normal, cuando:

     (i) el contratista tiene poca inversión en circulante debido al contrato en comparación con el resto de su inversión en el circulante y que es debida a sus otras operaciones comerciales. Por ejemplo, son causas que reducen su inversión en capital circulante la financiación que obtiene de sus proveedores, o por ejemplo de los subcontratistas liquidados al finalizar el periodo de ejecución de su prestación;

     (ii) existen pagos anticipados por la Administración, o

     (iii)El contrato goza de un régimen especial de financiación o ha sido beneficiario de algún tipo de subvención.

Riesgo financiero por Inversiones en capital fijo

La consideración de este factor de riesgo debe tomar en cuenta las instalaciones del contratista que se utilizarán durante la ejecución del contrato y su compromiso para mejorar la productividad. El nivel de riesgo se separa entre las diferentes categorías de activos en proporción a su productividad potencial. Las categorías de activos son terrenos, edificios y equipos. Los niveles de riesgo están en función de la antigüedad de la puesta en servicio de dichos activos, las amortizaciones del periodo y las inversiones nuevas. Un activo fijo en funcionamiento no genera salidas de fondos, más que los producidos por su mantenimiento que forman parte de los costes indirectos de fabricación o del G&A. Asimismo, el gasto de amortización de un activo fijo en funcionamiento ajusta el beneficio neto contable al alza para el cálculo del FCL, como se ha explicado más arriba, incluso antes de las variaciones de los flujos de circulante y de los pagos por inversiones nuevas. Por tanto, el principal factor de riesgo financiero está el los pagos de las inversiones nuevas, si éstas sustituyen a las antiguas y si éstas últimas pueden liquidarse y obtener algún ingreso de efectivo por ellas. Asimismo, el auditor de contratos puede hacer comentarios al órgano de contratación acerca de la capacidad, empleo y rendimiento de las instalaciones y, en su caso, de aquellas que se encuentran improductivas u ociosas.

El auditor de contratos debe estimar el coste financiero de las instalaciones, en los términos que establezca la norma de costes del contrato o, en su caso, los recogidos en la norma octava de NODECOS^[2], los cuáles se considerarán como normales. La base de cálculo de los costes financieros (FCM – Facility Cost of Money) será el del valor neto de los activos fijos, tangibles e intangibles, contabilizados por el contratista. Sin embargo, el FCM al que estamos haciendo referencia puede asignarse a los contratos como un coste directo o formando parte de una agrupación de costes indirectos como establezca el pliego de cláusulas administrativas particulares. Si dicho coste es, o será, asignado/imputado como coste directo o indirecto del contrato, entonces queda prohibida su consideración como factor de riesgo financiero por inversiones en capital fijo.

1. Criterios de evaluación.
   • En la evaluación del capital fijo empleado en el contrato, el auditor debe considerar:

     (i) la utilidad que proporcionan las inversiones en capital fijo a los bienes o servicios adquiridos en el marco del contrato;

     (ii) las mejoras de la productividad y otros beneficios que proporcionan las inversiones en capital fijo, incluyendo:

     1. El valor económico de las instalaciones, antigüedad, importe amortizado, contribución futura a las necesidades de la Administración y, en su caso, la ociosidad, y
     2. Nivel del contratista de la inversión en instalaciones relacionadas con el objeto del contrato, en comparación con el resto del negocio del contratista

     (iii) las disposiciones contractuales que reduzcan el riesgo del contratista, tales como la admisibilidad del coste financiero en los términos indicados anteriormente.

     (iv) en las inversiones nuevas que el contratista emprende para cumplir con las exigencias de la ejecución del contrato, ya sea porque antes no existían o porque sustituyen a otras instalaciones antiguas menos eficientes, tendrán el tratamiento de un proyecto de inversión y se solicitará del contratista el análisis de la misma, para evaluar el cálculo de la rentabilidad que espera de ella, con las siguientes hipótesis y requisitos:

     1. El periodo de análisis de la inversión comprenderá el de la ejecución del contrato, siendo el origen el momento del desembolso por el pago de la inversión.
     2. La tasa de descuento será equivalente al interés legal del dinero establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
     3. La tasa de reinversión será la de la deuda pública emitida por el Tesoro a 10 años.
     4. Al término de la ejecución del contrato se calculará el valor residual de las inversiones, tanto de las instalaciones nuevas comprometidas en la ejecución del contrato y de las inversiones en circulante generadas por el contrato.
     5. Se tendrá en cuenta el escudo fiscal de las pérdidas contables.
     6. El cobro por la venta de las instalaciones antiguas sustituidas minora la inversión inicial.



2. Análisis de rentabilidad
   • Para la analizar la rentabilidad de la inversión se determinarán los flujos de caja libres que del proyecto de inversión se espera que se generen durante el periodo de ejecución del contrato, considerando el valor residual como un flujo de caja más. Se calculará la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto, sólo si todos los flujos de caja, excepto la inversión inicial, son positivos^[3]. En caso que no lo fueran todos positivos, a excepción de la inversión inicial, se calculará una tasa de rentabilidad (TRFCL) equivalente al porcentaje que suponen los flujos de caja libres (sin incluir el valor residual) medios anuales (durante el periodo de ejecución del contrato), en relación con la inversión media (valor contable de la instalación al principio de cada año). La TIR o, en su caso, la TRFCL podrán aplicarse como factor de compensación del riesgo financiero cuando sea propuesto por el auditor de contratos atendiendo a circunstancias extraordinarias por encima de las normales, considerando como valor normal el del interés legal del dinero.
     
     El auditor de contratos podrá recomendar una posición de beneficio por encima de las condiciones normales, es decir superior al interés al interés legal del dinero establecido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), o muy superior a la normal, es decir a la TIR o TRFCL (cuándo éstas sean mayores que el interés de demora establecido en los PGE), cuando la inversión produce unas utilidades para el contrato que son identificables, directas y excepcionales. Los indicadores son:

     (i) Nuevas inversiones en tecnología de última generación que reducen el costo de adquisición o producen otros beneficios tangibles como la mejora de la calidad del producto o entregas aceleradas, o

     (ii) Son nuevos equipos para aplicaciones de investigación y desarrollo.

     (iii) Hay utilidades directas y cuantificables en la eficiencia y los costes del contrato. Los valores máximos (la TIR o TRFCL) se aplican únicamente a los casos en que los beneficios de la inversión de capital en instalaciones son sustancialmente superiores a lo normal.



3. Recomendaciones
   • El auditor de contratos recomendará una asignación de beneficio por debajo de las condiciones normales, con el límite inferior del 0,5%, es decir respecto del interés legal del dinero establecido en los PGE, cuando la inversión de capital en instalaciones produce poca utilidad para el contrato. Los indicadores son:

     (i) las inversiones se aplican predominantemente a las líneas de artículos comerciales;

     (ii) las inversiones son para cosas tales como muebles y enseres de oficina, medios de transporte corporativos, centros de ocio del personal, o

     (iii) Las instalaciones son antiguas, ineficientes, ampliamente amortizadas, o el entorno de fabricación está caracterizado por bienes de equipo que están obsoletos e intensivo en mano de obra.

Factor de eficiencia en costes

Este factor especial ofrece un incentivo para que los contratistas hagan por reducir los costes. En la medida en que el contratista pueda demostrar los esfuerzos de reducción de costes que benefician al contrato, el auditor de contratos podrá recomendar al órgano de contratación que aumente el objetivo de beneficio, en el precio de negociación del contrato, hasta un monto que no exceda del 4 por ciento del objetivo de coste total.

Para determinar la conveniencia de la utilización de este factor, el auditor de contratos deberá considerar ciertos criterios, como los siguientes:

(1) la efectiva introducción por el contratista en sus procesos productivos;

(2) Las reducciones reales de costes logradas en contratos anteriores;

(3) La reducción o eliminación de las instalaciones de exceso de capacidad o inactivas;

(4) Las iniciativas del contratista de reducción de costes (por ejemplo, los programas de promoción y capacitación de sus empleados asignados directamente al contrato, los programas de mejoras de control de calidad, reingeniería de procesos, etc., u otras medidas de productividad que pueden servir de base para la evaluación de la eficacia de las iniciativas de reducción de costes del contratista en el tiempo;

(5) La adopción por el contratista de mejoras en los procesos para reducir los costes;

(6) los esfuerzos de reducción de costes del subcontratista;

(7) la incorporación efectiva del contratista de los elementos y procesos comerciales, o

(8) La inversión del contratista en las nuevas instalaciones cuando estas inversiones contribuyen a una mejor utilización de los activos o la mejora de la productividad.

Al seleccionar el porcentaje a utilizar para este factor especial, el auditor de contratos tiene la máxima flexibilidad en la determinación de la mejor manera de evaluar el beneficio para el contrato que producen los esfuerzos de reducción de costos del contratista. Sin embargo, también debe tener en cuenta otros factores del mercado de trabajo o del entorno, como son la tendencia de las retribuciones laborales o las variaciones de la inflación general.

Conclusión

El establecimiento de una previsión de beneficio adecuado es un aspecto crucial de la mayor parte de las negociaciones del contrato. A excepción de las observaciones sugeridas anteriormente, que están destinadas a ayudar al órgano de contratación mediante el suministro de información que él normalmente deseará estudiar, el auditor contratos no iniciará acciones en el área de beneficios. El esfuerzo del auditor se limitará a facilitar al órgano de contratación información sobre los datos fácticos, para que pueda tomar la mejor posición de objetivo de beneficio en la negociación del contrato.

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¹La inversión (aumentos) en activos circulantes restan los fondos generados por las operaciones y, en consecuencia, hacen disminuir el flujo de caja libre.
²La Norma Octava de NODECOS proporciona los criterios para cuantificar e imputar los costes financieros a los contratos. En relación con el coste financiero del capital fijo invertido en la actividad productiva, dicho coste no se identifica con el gasto financiero recogido en el Plan General de Contabilidad, sino que se establece en términos de coste de oportunidad para ser imputado a los objetivos de coste. Asimismo, el tipo de interés aplicable será el legal del dinero (p.e., la Disposición Adicional Trigésima Segunda de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, establece el interés en el 4% y el de demora en el 5%). En todo caso, dichos activos deben ser utilizados en la actividad productiva del contratista.
³Para el cálculo de la TIR del proyecto se establece la hipótesis que la reinversión de los flujos de caja libres se hacen a la TIR. Asimismo, sólo es eficaz el cálculo de la TIR cuando todos los flujos de caja libre son positivos, excepto la inversión inicial, porque las ecuaciones lineales de grado n tienen tantas soluciones como grado del exponente y sólo cuando hay un único cambio de signo esas soluciones son iguales, pero cuando hay más de uno las soluciones pueden ser positivas y negativas al mismo tiempo.

El beneficio en el precio del contrato

#48

Introducción

Este «post» proporciona la guía acerca del cumplimiento de las responsabilidades del órgano de contratación relativas a la negociación del beneficio incluido en el precio de las ofertas del contratista.

Las políticas y procedimientos para la determinación del beneficio del contratista, establecidas por las normas de contratación vigentes en España, se encuentran recogidas en el artículo 131 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, dentro de la Sección dedicada a la elaboración de los proyectos del contrato de obras. De tal manera, que al presupuesto base de licitación, obtenido según los cálculos que establece el artículo anterior, esto es el 130 del RLCAP, se le incrementa linealmente un 6% en concepto de beneficio industrial del contratista. No obstante, este porcentaje podrá ser modificado con carácter general por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando por una variación de los supuestos actuales se considere necesario.

Sin embargo, tales políticas y procedimientos para la determinación del presupuesto de licitación^[1], y que sirvan de base para la negociación del precio de los contratos, son manifiestamente insuficientes y pueden conducir a no realizar compras prudentes y a distanciarse de los objetivos de economía, eficiencia y transparencia en las compras públicas.

Consideraciones del órgano de contratación

Unas políticas apropiadas para el establecimiento del presupuesto de licitación y, a la vez, sirvan de base para la negociación del precio del contrato, deben considerar y tener en cuenta que:

(1) Se  ha hecho un apropiado análisis de los costes del contrato, conforme a una norma de general aceptación, como NODECOS.

(2) El objetivo de beneficio establecido en el presupuesto de la licitación y base de la negociación del contrato, no tiene por qué representar necesariamente la utilidad neta final del contratista adjudicatario. Más bien, debe representar un elemento de potencial remuneración total que el contratista puede percibir sobre el total de los costes admisibles del contrato.

(3) Este elemento de remuneración (beneficio) potencial y la estimación del órgano de contratación de los costes admisibles del contrato forman, conjuntamente, el objetivo del precio en el presupuesto base de licitación del contrato. Del mismo modo que los costes reales incurridos pueden variar respecto de los costes estimados en el presupuesto del contrato y en la oferta del contratista, el beneficio final del contratista, al concluir el contrato, también puede variar con respecto al porcentaje (utilidad relativa) negociado y su valor absoluto esperado, porque deben influir factores tales como la eficiencia de la actuación del contratista en sus operaciones productivas y la admisibilidad, o no, de costes del contrato reconocidos por el órgano de contratación..

(4) En cualquier caso, debe ser el interés del órgano de contratación ofrecer a los contratistas oportunidades para la obtención de un beneficio y, lo que es más importante, de flujos de caja libre positivos del proyecto individualizado que han abierto por el contrato adjudicado, de tal manera que dicha recompensa sea suficiente para estimular su eficiencia y así atraer las mejores capacidades, ya sean contratistas grandes o pequeños, y mantener una base industrial y de servicios viable.

(5) Tanto el órgano de contratación como los contratistas están preocupados con los fines legítimos de lucro de éstos, como una motivación eficaz para la ejecución del contrato. Las negociaciones encaminadas meramente a reducir precios mediante la reducción de los beneficios sin un adecuado reconocimiento de la función de la ganancia del contratista, no debe estar en la conducta del órgano de contratación. La negociación de beneficios extremadamente bajos, el uso de los promedios históricos, o la aplicación automática de porcentajes predeterminados sobre el total de los costes calculados en el proyecto del contrato, no proporcionan la motivación apropiada para una óptima ejecución del mismo.

 

Política recomendada

El método ponderado para establecer el beneficio del contratista en el precio del presupuesto de licitación, requiere que el órgano trabaje sobre la comprobación de la solvencia financiera del contratista, conforme la metodología descrita en las entradas Nº 40 y Nº 41, y que tenga en cuenta:

(1) el grado de riesgo que asume el contratista en la ejecución del contrato, simplemente por el impacto que va a significar en la generación de flujos de caja libres el modo en que la administración contratante realice los pagos de las certificaciones y facturas a tiempo,

(2) el riesgo en función de los requisitos exigidos por el contrato y los incentivos a la productividad de sus operaciones,

(3) las capacidades del factor trabajo exigido para la ejecución del contrato y su disponibilidad en el mercado laboral,

(4) la naturaleza del factor capital y la disponibilidad de las instalaciones que el contratista deba emplear, si tiene o no que realizar inversiones nuevas,

(5) las condiciones de acceso al crédito y financiación, en general, y los costes financieros, y

(6) los esfuerzos de reducción de costes del contratista que benefician al contrato.

Todas las consideraciones anteriores se traducen en un componente financiero, porque  el accionista, que participa con su capital en la empresa del contratista, quiere una utilidad para su dinero que compense el riesgo de invertirlo en la empresa, a mayor riesgo querrá mayor utilidad; lo mismo cabe decir de las Entidades Financieras que prestan con un mayor interés a las empresas que tienen mayor riesgo financiero, o simplemente no les prestan con lo que la empresa tiene que recurrir a nuevos desembolsos de capital de los propietarios y éstos exigirán una mayor utilidad. Por ello, los flujos de caja libre positivos, después de las operaciones de inversión en capital fijo, garantizan a los accionistas el aumento de valor de la empresa y, en su caso, la percepción de dividendos, y para los bancos prestamistas la garantía de cobrar los intereses y la devolución del dinero prestado. Por tanto, se debe pedir a los contratistas que presenten los detalles del beneficio que esperan obtener con el contrato y el impacto que cada uno de los seis niveles anteriores tiene en la generación de flujo de caja libre. Esto facilitaría un análisis más completo de los factores individuales que van a determinar el objetivo de beneficio global.

El objetivo de beneficio «inicial» (al establecer el presupuesto del contrato) está, por supuesto, sujeto a la posterior discusión y revisión, como una parte del precio global negociado para los contratos con precios provisionales. En los contratos abiertos o restringidos, para los que se establece de antemano el límite máximo del precio, se requiere del órgano de contratación, o del funcionario que redacte el proyecto, el establecimiento de un objetivo de beneficio en el precio para el que se haya considerado toda la toda la información pertinente, incluidos los datos de auditoría disponibles y análisis de precios realizados por el auditor de contratos.

No es, sin embargo, la intención de que el objetivo de beneficio se obtenga sobre la base de cálculos matemáticos precisos, pero sí que se requiere un grado alto de razonabilidad que permita cubrir suficientemente todos los factores de riesgo financiero del contratista en la ejecución del contrato.

Otras políticas para establecer el objetivo de beneficio

Pueden usarse otros métodos para el establecer el objetivo de beneficio. En algunas ocasiones puede utilizarse un enfoque de política estructurada para determinar el beneficio en el precio base de licitación, pues dicha política proporciona una disciplina para asegurar que toda la información pertinente relativa a todos los factores que inciden en el contrato se han considerado. La política estructurada implica establecer de antemano porcentajes máximos de beneficio en función del importe del contrato y de los análisis de precios realizados, aunque también pueden establecerse excepciones específicas para situaciones en el que el uso obligatorio de un enfoque estructurado sería claramente inapropiado. Dichos porcentajes pueden ser el resultado de análisis mediante técnicas estadísticas para el conocimiento de distribución de la variable y su inferencia; con base en una acumulación de datos históricos o previsionales; o, en estimaciones por analogía con otras empresas del sector y parecida dimensión del contratista.

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¹ A este respecto, las normas para el cálculo de los precios de las unidades de obra del presupuesto de los proyectos, establecidas en el artículo 130 del RLCAP, se asemejan a un cálculo de tarifas de la mano de obra directa (MOD), las horas/máquina y los materiales, a nivel del coste industrial, que incorporan los correspondientes recargos de gastos generales de fabricación (GGF). Sin embargo, en mi opinión, adolece de considerables defectos, pues prevé unas bases de reparto que no consideran razones de utilidad ni se tienen en cuenta agrupaciones homogéneas de acuerdo con su funcionalidad, sino criterios subjetivos del autor del proyecto «a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia del presupuesto y de su previsible plazo de ejecución», sin contar, además, que se puede incorporar al presupuesto gastos sin otro criterio que el de ser «partidas alzadas». Por otro lado imputa, con carácter general a todos contratos, un porcentaje lineal, que varía entre el 13% al 17%, discrecionalmente, y que puede suponer un significativo error de presupuestación, en concepto de «gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato» (sic). Para salvar estas dificultades en la elaboración del presupuesto de los proyectos, los órganos de contratación debieran atender a la facultad que les otorga el artículo 130.5 del RLCAP para dictar «las instrucciones complementarias de aplicación al cálculo de los precios unitarios en los distintos proyectos elaborados por sus servicios» con base en una norma de general aceptación, como es NODECOS.